viernes, 12 de septiembre de 2008

Memoria Histórica de España














El Valle de los Caídos, El Escorial (Madrid)


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido a diversas instituciones y organismos que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente investigar estos hechos. Tal solicitud cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas.

El juez ha informado a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época.

En contacto con diversos organismos

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos "enterramientos masivos", así como cuándo se produjeron.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.

Opiniones enfrentadas

A favor

Por un lado el ministro del Interior, Alfredo Perez Rubalcaba, defiende al juez de la Audiencia Nacional, subrayando el hecho de que censar a los muertos no significa abrir las heridas del pasado sino, por el contrario, a "cerrarlas". "No entiendo qué nos debe llevar a no facilitar que nietos o hijos sepan definitivamente dónde están enterrados sus padres", dijo Rubalcaba.
Asociaciones antifranquistas valoran la decisión del juez Garzón, si bien coinciden en que "ya era hora" de que se tomaran iniciativas en el sistema judicial, también demandan que la investigación "vaya más allá". Así se han expresado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la Asociación deDescendientes del Exilio Español y la Asociación Foro por la Memoria.

En contra

Y por otro lado, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se pronunció contra la decisión del juez, diciendo que no era "partidario de reabrir las heridas del pasado lo haga quien lo haga", tal como se pronunció contra la ley llamada de la 'Memoria Histórica', aprobada en octubre de 2007 por el Parlamento para rehabilitar a las víctimas del franquismo.
Varias asociaciones de magistrados se declararon escépticos sobre los fundamentos jurídicos de la medida, ya que el juez Garzón inició este procedimiento respondiendo a una petición de asociaciones de víctimas, antes de pronunciarse sobre si es admisible o no.

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